El circulo vicioso del burocratismo mata. ( a propósito del acoso escolar)

“Cuando no quiero resolver un problema creo una comisión”. Esta frase se atribuye a Napoleón Bonaparte. Y desde hace muchos años vale para que el apabullante aparato de los estados, comunidades o ayuntamientos se escondan de sus responsabilidades.

La idea es sencilla: El bullying se convierte en un problema que cada vez despierta mayor rechazo social. Provoca gran escándalo tres o cuatro veces cada curso. La comunidad de turno convoca una comisión de expertos que crea un protocolo. Dicho protocolo comienza pidiendo al instructor del expediente, un funcionario, que decida si va a abrir un expediente de acoso o no, cosa harto difícil antes de investigar que ha pasado. El expediente no es de conflicto, es de acoso. Si el funcionario no abre dicho expediente el caso no se ha dado porque no constan “evidencias de hechos documentados”. Por lo tanto el funcionario vigilando por su futuro laboral e incluso penal, no suele activar nada, salvando intervenciones más que bien intencionadas, heroicas. Si los niños informan… no consta. Si los padres llaman… no consta. Si los profesores ven… no consta. Ya que si consta ya tenemos hecho documentado que se podrá utilizar en su contra en un momento dado.

Por tanto el protocolo no lo suele activar ningún colegio, al menos no lo activan los que más motivos tendrían para activarlo, y el organismo autonómico concluye que “hasta el momento actual no existen evidencias de hechos documentados o situaciones concluyentes que hagan suponer que se haya producido acoso escolar”.

Si los padres se empeñan (dejando constancia por escrito) en que se active el protocolo, para proteger a su hijo, desde el centro educativo, que se juega una sanción, se intenta que consten otros antecedentes que hagan que el acoso no sea lo único que “influya de manera determinante en la trágica decisión adoptada por el menor” y se recopila información sobre separación parental previa ( un 30% de los niños tienen padres separados), problemas de conducta , problemas académicos o demás información, por otra parte plenamente coincidente con un niño que sufre acoso o aislamiento. De forma que de producirse un trágico final el centro esté protegido porque activó el protocolo, en el que no se recogió información que “Encuentre evidencias de hechos documentados o situaciones concluyentes que hagan suponer que se haya producido acoso escolar”.

El bucle del burocratismo vale para proteger a la comunidad educativa. El problema es doble: que esa protección desprotege a su cliente y objeto de atención- el niño- y que cuando un juez determine que sí hubo acoso junto al caso se caerá todo el sistema creado por la comisión de expertos.

Pero tranquilos. Se creará una nueva comisión que hará un trabajo, esta vez sí, efectivo. Eso si, tras crear un observatorio integrado por sindicalistas, especialistas y miembros de la comunidad con reconocido prestigio. Y vuelta a empezar.

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